Livio Gutierrez:” Existen responsabilidades penales por la desastrosa administración de Secheep de decenas de millones, los cuales no tienen respaldos contables”.

El diputado Livio Gutiérrez presentó un escrito en sede judicial denunciando lo que el legislador determinó como “responsabilidades penales por la desastrosa administración de Secheep de decenas de millones, los cuales no tienen respaldos contables”.

El dupitado radical en su denuncia expresó:

Sres. Equipo Fiscal

Livio Gutierrez, abogado, por derecho propio, en los autos caratulados “GUTIERREZ LIVIO S/ DENUNCIA” Expte. 41239/2018-1, me presento respetuosamente y DIGO:

Que existiendo suficientes motivos para sospechar que exsite la comisión de un hecho punible en las presentes actuaciones solicito que se llame a declaración de imputados conforme lo establece el artículo 314.

Fundo el presente pedido en las siguientes conclusiones que se desprenden de la pericia contable obrante en la causa a saber:

– Existen serias deficiencias en la registración contable: una devolución por parte de la empresa de $32,7 millones sin documentación respaldatoria (página 20); en 2017 la empresa registró una serie de ajustes sin identificación por $71.5 millones (página 21); en 2018 existe una discrepancia entre lo autorizado a través de Decretos ($41 millones) y lo efectivamente transferido por Tesorería ($107,8 millones), y de todo ello SECHEEP sólo registró en libros $2 millones (página 21); de $348 millones transferidos por Nación para obras en el marco del Programa de Convergencia Tarifaria, en los libros de SECHEEP sólo figuran $311 millones, hay $37 millones faltantes (página 27).

– Sobre el sistema de medición a usuarios finales y su facturación SECHEEP no remitió la documentación requerida por la pericia, y la perito se pregunta si esto fue desidia de la parte investigada o no cuenta con información relevada fehacientemente (página 58).

– El informe también hace observaciones respecto de las Audiencia Públicas, ya que de la información recabada no puede deducirse si la energía no facturada por medidores comunitarios, bonificaciones a industrias, bonificaciones a organismos públicos, descuentos para ex-combatientes, y otros, son contemplados en los costos totales, y si fuera el caso, no se estiman las transferencias como contrapartida por parte del Estado Provincial (página 59).

– Existió una decisión empresarial de no abonar a deuda con CAMMESA y priorizar otros costos y gastos relacionados con los costos endógenos (estructura), los que tampoco pueden cancelarse en su totalidad (página 54).

– Hubo una “auditoría selectiva” por parte del Tribunal de Cuentas, en el sentido que analizó e informó la mala situación económica y financiera de la empresa en el período, pero no indagó en las causas (página 60).

– En medio de una situación muy mala económica y financiera, la empresa incrementa su planta de personal en 8 personas en 2017 y 74 personas en 2018 (página 58).

– En la página 6 de la pericia, último párrafo, se menciona como posible que la deuda por $1.180 millones, acumulada por el amparo presentado por el Defensor del Pueblo provincial, no haya sido contabilizada, lo que explicaría la caída en la facturación de CAMMESA para ese año. Al respecto mencionamos oportunamente que, por esa razón, el Balance de ese año hubiera sido de un quebranto de tal magnitud que hubiera puesto a la empresa automáticamente en proceso de liquidación (una empresa no puede presentar un Balance en el que el Patrimonio Neto sea negativo, porque es causal de la disolución de la sociedad, artículo 94 de la Ley de Sociedades Comerciales 19.550), y hubiera requerido un aporte irrevocable por el Estado Provincial – como accionista principal – para evitar dicha situación.

– En todo el informe subyace la mala diligencia de los directivos de la empresa. La misma se refleja en: pésimos indicadores económicos, financieros, de solvencia en todo el período (página 37), sin que se hayan adoptado medidas visibles para corregirlos; la ya mencionada decisión empresaria de no pagar a CAMMESA, acumulando deuda e intereses; la deficiencia en las registraciones contables; las omisiones en el armado de las estructuras de costos para las audiencias públicas, que mantuvieron la rentabilidad negativa de la empresa en todo el período, aún después de los incrementos tarifarios.

En resumen: SECHEEP por los retrasos en los pagos, debió pagar entre 2017 y 2024 más de $ 1.500 millones de intereses.

Además, a la fecha de cierre del balance 2018 estaban reconocidos, pero no abonados ni con convenio de pago los $1.180 millones por el amparo del Defensor del Pueblo, y los $1.348 millones por juicio iniciado por CAMMESA por los últimos meses de 2018 que no se abonaron.

En relación a las transferencias, todos los fondos provinieron de la jurisdicción 38 – Obligaciones a cargo del tesoro, y todos tuvieron como destino el financiamiento de necesidades transitorias de fondos, sin un destino más específico.

El total las transferencias avaladas por Decretos entre 2014 y febrero 2018 totalizaron $717 millones. Sin embargo, el informe de las transferencias informadas por Tesorería General alcanzó los $925,6 millones. La diferencia incluye $13 millones del FEDEI (Fondo de Desarrollo Eléctrico del Interior, proveniente de Nación) y un total de $195 millones sin identificar, que de acuerdo al perito pueden corresponder a pagos por electricidad de los organismos públicos.

SECHEEP no informó los datos para 2014, año en el cual existieron Decretos autorizando préstamos por $75 millones, pero que no aparecen en los datos de Tesorería.

Para 2015 Tesorería informó transferencias por $68,85 millones (10 provenían de 2014), pero SECHEEP sólo registró en libros $18,85 millones.

En 2016 existe una discrepancia entre SECHEEP y Tesorería por $9,8 millones, registrados de menos en SECHEEP, y se observa la registración de una devolución por parte de la empresa de $ 32,7 millones sin documentación respaldatoria (página 20 del informe)

En el 2017 la empresa registro una serie de ajustes sin identificación por $ 71,5 millones (página 21 del informe)

En el 2018 existe una discrepancia entre lo autorizado a traves de Decretos ($ 41 millones) y lo efectivamente transferido por Tesorería ($ 107,8 millones) y de todo ello la empresa SECHEEP solamente registro en sus libros 2 millones (página 21). En resumen, de los $713 millones que recibió en el período, el saldo en libros al 31/12/2018 reflejaba $668 millones, con diferencia en devoluciones parciales.

Detalle del cumplimiento de los Acuerdos firmados

Parte de las acreencias por los años 2014 y 2015 con CAMMESA no fueron cumplidas, y se incluyeron en el convenio de pago del año 2018.

La Provincia igualmente acordó fondos para Obras de Infraestructura Eléctrica, por $180 millones en 2014 y $200 por 2015, aunque los desembolsos de Nación por estos conceptos fueron postergándose hasta Febrero 2017, y terminaron sin desembolsarse $32 millones sin indicación del motivo (aunque probablemente por la falta de presentación por parte de SECHEEP de los certificados de obra).

Es decir, de los $ 380 millones desde Nación se transfirieron unos $ 348 millones, lo más llamativo es que en los libros de SECHEEP sólo figuran $ 311 millones, hay $ 37 millones faltantes (página 27 de la pericia)

La empresa SECHEEP tampoco contesto el requerimiento respecto de cul es el sistema de medición utlizado para la facturación de usuarios finales ni pudo establecerse por falta de respuesta si esa facturación es coincidente con lo facturado a los usuarios. (página 35 y 36)

Algunas conclusiones que subyacen a la información anterior, son que la empresa SECHEEP o presupuestó mal las audiencias públicas, ya que en todas ellas planteaba un escenario de “equilibrio” con las tarifas propuestas y que los costos del mercado eléctrico mayorista (pagos a CAMMESA) estaban más que cubiertos con la facturación, pero la deuda se siguio generando.

Finalmente la perito distingue dos períodos de análisis sobre la deuda con CAMMESA: uno entre 2013 y 2015, y otro entre 2016 y 2018.

En el primero se implementó el Programa de Convergencia Tarifaria, el que exigía la regularización de deuda por parte de SECHEEP.

Recién en 2016, un cambio de políticas energéticas nacionales obligó a SECHEEP a suscribir un acuerdo de pago. Sin embargo, SECHEEP vuelve a acumular nueva deuda entre Enero 2016 y Junio 2018, 904 días, estuvo en mora acumulando intereses (página 54) pese a haber llevado un escenario de equilibro a las audiencias públicas y aumentado las tarifas y cobrado a los usuarios para lograrlo, pero a la par noaporta datos ni documentación sobre el sistema de medición a usuarios finales.

Por todo ello considero que los Señores Fiscales cuentan con elementos suficientes para avanzar en la declaración de imputados.

PROVEER DE CONFORMIDAD

SERÁ JUSTICIA.