Nuevo escandalo en el Gobierno del Chaco por transferencias ilegales de mas de 250 vehículos del Estado

Al menos tres denuncias ya fueron presentadas en la justicia federal y provincial respecto a la transferencia ilegal de vehículos pertenecientes al Estado provincial. Según las mismas, los documentos de los vehículos subastados por el Ejecutivo chaqueño fueron adulterados y las verificaciones protocolares, salteadas. El fiscal Roberto Villalba afirmó en diálogo con Radio Nordeste que se trató de 254 vehículos transferidos mediante el mismo modus operandi.

 

La denuncia presentada el jueves pasado en la justicia federal por el titular del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, Víctor Adrián Veleff, en la cual se detallan las irregularidades detectadas. Al día siguiente se hizo pública la denuncia de la Secretaría General de Gobernación en la cual informan la detección de las mismas anomalías y la realización de auditorías internas para determinar qué fue lo que sucedió entre los organismos. Además, anunciaron el inicio de Sumarios Administrativos.

Según detalla la denuncia de Veleff, tras la cual todos estos hechos se volvieron públicos, el hombre encontró las irregularidades en las documentaciones el pasado 17 de junio, de manera “absolutamente casual”. “Observo una leve diferencia en el color de impresión de la tipografía impresa en el Anexo de la copia fiel del Decreto Provincial N°3261/2015 que ordenara la subasta de automotores del Estado Provincial”, señala Veleff en lo que fue el inicio del descubrimiento.

 

Luego, tras corroborar los datos con la página oficial del Gobierno chaqueño, manifestó: “Me encuentro con la sorpresa de que los datos contenidos en el anexo del Decreto no coinciden con los presentados al seccional. No coincidiendo en el lote ni el Dominio, ni el vehículo, ni el adquiriente, observando además que hay varios vehículos mencionados en el decreto que tampoco se corresponden con el texto de la copia que me presentaran”.

 

De esta forma, las evidencias presentadas por Veleff y las irregularidades denunciadas por la Secretaría a cargo de Noelia Canteros, revelarían lo que fue por al menos cinco años una organización delictiva dentro de la Administración Pública dedicada a la transferencia secreta de vehículos del Estado mediante adulteraciones de documentos y subastas que tuvieron como principal comprador a un hombre y empresa de Formosa.

Pasando a limpio, la denuncia de Veleff revela entre los documentos que de estos operativos participaron diferentes empleados del sector público automotriz, tales como la representante de la comisión técnica y la martillera.

 

 

 

Así las cosas, la organización subastaba vehículos del Estado calificados como en “desuso, improductivos y antieconómicos” pero, estos, tras ser comprados por aproximadamente $40 mil pesos, eran adulterados y a la hora de que el comprador reciba el rodado, sus documentaciones eran modificadas por lo que recibían como beneficio un vehículo extra.

 

De acuerdo a Canteros, los casos procedentes de esta modalidad datan desde hace cinco años, siendo la última irregularidad detectada en 2020.

 

Retomando la denuncia de Veleff radicada ante el Ministerio Público Fiscal de la Nación -tomamos esta ya que es la que detalla el orden de acontecimientos-, el hombre expone lo siguiente: “Llama poderosamente la atención que, considerando que los vehículos han sido subastados por el Estado Provincial por considerarlos en “desuso, improductivos y antieconómicos”, han sido trasladados hacia la ciudad de Formosa para su verificación policial, siendo que el destino final de registración, en estos casos, son la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y más aún que el presentante de la petición de verificación siempre es la misma persona en todos estos trámites”.

Por último y, antes de adjuntar las documentaciones de evidencia, Veleff sentencia: “Ante la posibile FALSIFICACIÓN y/o posible ADULTERACIÓN de instrumentos públicos con el fin de engañar al registrado y a través de ello obtener la concreción de transferencia de dominio de vehículo pertenecientes al erario público provincial y cuya autorización de subasta no ha sido otorgada por el Ejecutivo Provincial, es que vengo a poner en conocimiento del Sr. Fiscal que dichos hechos podrían tipificar un ilícito de acción pública…”.

 

Tras las múltiples denuncias y el conocimiento público de lo que podría ser una nueva megacausa chaqueña, la justicia federal y provincial elige mantener el hermetismo para no comprometer las investigaciones que se encuentran en su fase inicial para desenmascarar el secreto delictivo de la organización radicada en la Administración Pública.

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