Fiscal solicita declaración indagatoria para Emerenciano Sena, su esposa y Osmar Quintín Gómez por acusaciones de trata de personas
La causa se reactiva a raíz de denuncia por explotación laboral y violencia
A poco más de un mes de la reactivación de la causa contra Emerenciano Sena por trata de personas, el fiscal federal Patricio Sabadini realizó el requerimiento de instrucción judicial y pidió que se le tome declaración indagatoria al dirigente piquetero, a su esposa Marcela Acuña y a Osmar Quintín Gómez acusados de defraudación a la administración pública.
La investigación se inició en 2010, cuando Sergio Schoklender, quien entonces estaba al frente del programa Sueños Compartidos, presentó una denuncia contra el piquetero Emerenciano Sena. En esa denuncia, Schoklender acusaba a Sena de someter a la servidumbre a las personas que trabajaban en un predio ubicado sobre la ruta 11.
La causa quedó en suspenso durante años, pero recientemente se reactivó luego de conocerse el caso de Cecilia Strzyzowski. Actualmente, los tres mencionados en esta causa se encuentran detenidos por otras razones: el matrimonio Sena está bajo sospecha de femicidio de su nuera, mientras que Quintín Gómez enfrenta acusaciones de abuso sexual.
La denuncia inicial involucra a más de 30 personas, y algunos de los relatos de las víctimas sugieren que Sena, Acuña y Gómez podrían estar involucrados en un caso de trata de personas con fines de explotación laboral, calificado por el hecho de que tres o más personas habrían cometido el delito, y por el número de víctimas afectadas.
El fiscal Sabadini sostiene que los dirigentes habrían captado a los denunciantes ofreciéndoles trabajo, engañándolos haciéndoles creer que tendrían buenas condiciones laborales y que serían los dueños de las casas que ellos mismos construirían. Además, se habrían valido del uso de violencia, amenazas y hostigamiento de toda índole, como insultos y maltratos psicológicos, para mantener a las víctimas en una situación de subordinación constante, con el riesgo constante de quedar sin trabajo.
«No solo los trabajadores fueron obligados a cumplir largas jornadas laborales, sino que también eran obligados a asistir a las manifestaciones organizadas por el movimiento que se realizaban fuera de la jornada laboral», agregó el fiscal.
Otro de los comportamientos atribuidos a los acusados incluye la retención e impago de salarios. Operarios declararon que en algunos meses no cobraron sus salarios completos, y parte de lo que percibían debía ser entregado obligatoriamente para la mantención del movimiento, como la compra de herramientas, ropa de trabajo, alimentos, realización de remeras y pancartas, entre otros gastos.
Además, los obreros afirmaron que hubo engaño y falsas promesas sobre el tipo y las condiciones de trabajo, restricciones de salidas en el lugar de trabajo, falta de posibilidades de higiene, seguridad y alimentación adecuada, y coacción psicológica en forma de amenazas y maltrato verbal.
Para el Ministerio Público Fiscal, los tres dirigentes «sometían a los obreros a gritos y amenazas constantes, malos tratos, insultos, les decían que, si no les gustaba, que se vayan, que había mucha gente que quería trabajar y que no volvieran a contradecirlos porque ya sabían lo que les iba a pasar, que no reclamen dinero porque parecían prostitutas».
La investigación que involucra a los Sena podría ser el delito precedente al supuesto lavado de dinero, delito que podrían imputarles debido a la suma de más de $5 millones encontrados en la Santa María de Oro al 1.400 durante el allanamiento realizado en el contexto del caso Cecilia el 9 de junio, que culminó con sus detenciones.
