Provinciales

Denuncian penalmente al Ministerio de Desarrollo Social por compra de cuchetas

Solicitan suspender asunción de legisladora electa hasta que se resuelva la investigación

El Ministerio de Desarrollo Social, bajo la dirección de María Pía Chiacchio Cavana, se encuentra en medio de una polémica tras ser denunciado penalmente por la compra de cuchetas por un total de $ 156 millones. La denuncia, presentada por la abogada Marina Ramírez Grismado, pone bajo la lupa las contrataciones directas 2486 y 2487 y ha generado un llamado a la suspensión de la asunción de la legisladora electa hasta que se resuelva la investigación.

La actuación electrónica número E28-36387 ha sido el punto de partida de esta controversia. En dicha actuación, el Ministerio de Desarrollo Social habría autorizado la compra de cuchetas por dos montos «estimados»: $ 156.570.000 y $ 98.680.000, respectivamente. La magnitud de estos desembolsos sin la realización de un proceso licitatorio detallado ha levantado sospechas y desatado la demanda de una investigación urgente.

Marina Ramírez Grismado ha presentado su denuncia a la Fiscalía N1, encabezada por Ingrid Wenner, solicitando que se esclarezca la compra de estos elementos «de forma urgente». Argumenta que, debido a la cuantiosa suma involucrada, debería haberse seguido un proceso de licitación detallado que describiera con precisión la cantidad y el propósito de los bienes a adquirir.

En una segunda denuncia, la misma abogada ha instado a la fiscal Wenner a que ordene la suspensión de Pía Cavana como legisladora provincial hasta que se resuelva la investigación. Grismado fundamenta esta solicitud en la preocupación de que la asunción de Cavana en diciembre podría conferirle fueros que obstaculizarían la investigación en curso.

«La operación, a primera vista, parece irregular, y no podemos descartar la posibilidad de que estemos tratando con una forma de asociación ilícita destinada a apropiarse de fondos públicos, similar al caso del ministro de Economía», expresó la abogada.

El expediente, creado recientemente, lleva la carátula «Marina Ramírez Grismado S/Denuncia posible malversación de caudales públicos». La denuncia y las investigaciones que se desprendan de ella prometen arrojar luz sobre este controvertido episodio que ha captado la atención tanto de la opinión pública como de las autoridades judiciales.

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